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La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Gladys Gutiérrez presentó la semana pasada sus credenciales como embajadora del gobierno de Nicolás Maduro en España.
Las funciones de la magistrada como embajadora ante España, sin separarse de su cargo en el TSJ de Venezuela son parte de una práctica de “dudosa constitucionalidad” que envía una “mala señal” en cuanto a la separación de los poderes públicos en el país, según especialistas consultados.
Su ejercicio como diplomática sin renunciar a su magistratura “va en contra” del artículo 148 de la Constitución de Venezuela, que apunta que nadie podrá desempeñar más de “un destino público remunerado” a la vez, a menos que guarde relación con cargos académicos.
Si acepta otro cargo, automáticamente renuncia al primero, según la norma.
Gutiérrez fue expresidenta del máximo organismo judicial e integrante de su Sala Constitucional. La jurista ya había sido representante diplomática del gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías en España, entre 2002 y 2005. Luego, también con el auspicio del ejecutivo, fungió como procuradora de la nación entre 2006 y 2011.
Gutiérrez ejerció también otros cargos cercanos al poder político venezolano antes de ser designada magistrada. En 2010 fue cónsul general en Madrid. Fue ministro consejero de la embajada en España y fue directora de la oficina de secretaría del consejo de ministros de Venezuela.
