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El expresidente peruano Alberto Fujimori se trazó un nombre en la historia política de Perú, el país que gobernó con mano fuerte durante toda la década de 1990 y hasta iniciado el siglo XXI.
Los procesos judiciales por corrupción y violaciones a derechos humanos lo mantuvieron maniatado para volver a la vida política –donde no le faltó capital político y seguidores que lo vieron como la figura potable para retomar el poder en el país.
Su arresto durante un viaje a Chile, en 2005, fue un balde de agua fría para Fujimori, que ya veía a algunos de sus principales colaboradores enfrascados en procesos judiciales.
Japón, en donde se había autoexiliado al abandonar la presidencia en el año 2000, rechazó entregar a la justicia peruana al excatedrático y rector universitario, proveniente de una dinastía nipona en Perú. Una prohibición legal en la potencia asiática impide entregar en extradición a sus ciudadanos y Fujimori poseeía la nacionalidad japonesa por sus padres.
Chile, en 2005, se convirtió en su sendero hacia la cárcel. El país sudamericano lo arrestó y esperó el largo proceso de extradición hasta entregarlo a la justicia peruana en 2007, para enfrentar cargos criminales, los mismos que dos años después lo llevaron a enfrentar una condena insólita para un exmandatario peruano.
Fue condenado a 25 años de prisión por ser el autor intelectual de 25 asesinatos ejecutados por un escuadrón clandestino de militares en dos matanzas ocurridas durante sus mandatos entre 1990 y 2000.
