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En una reunión con escasa asistencia el año pasado, el comité educativo del distrito Saugus en Massachusetts aprobó una nueva política que según dijo era para agilizar el proceso de inscribir a los alumnos en las escuelas.
Pero los críticos dicen que las nuevas normas — incluyendo exigir prueba de residencia legal y la imposición de “penalidades civiles y criminales” para los infractores — tenían otro objetivo: excluir a los inmigrantes del pequeño distrito escolar en las afueras de Boston.
El debate sobre si aceptar a niños inmigrantes en las escuelas estadounidenses se extiende mucho más allá de los suburbios de Boston. Los activistas temen que el tema será más prominente si Donald Trump ascienda a la presidencia por segunda vez.
Políticos conservadores en estados como Oklahoma, Texas y Tennessee están cuestionando si los inmigrantes sin residencia legal tienen el derecho a una educación pública, suscitando la posibilidad de demandas contra otra decisión establecida de la Corte Suprema.
Durante décadas, los hijos de familias que viven en el país ilegalmente han tenido el derecho de asistir a las escuelas privadas, en base a una decisión de la Corte Suprema conocida como Plyler vs. Doe. En una decisión de cinco votos contra cuatro, el tribunal determinó que sería inconstitucional negarle a un niño una educación en base a su estatus migratorio.
Las nuevas normas en el distrito Saugus estipulan que los nuevos estudiantes deben mostrar sus documentos migratorios y dicen que los niños deben ser “residentes legales cuya residencia verdadera está en Saugus”, donde la proporción de niños que están aprendiendo inglés casi se ha triplicado a 31% en la última década. Las familias además deben completar un formulario del censo, firmar una declaración de residencia y mostrar documentos de ocupación laboral y de identidad.
Abogados de derechos civiles dicen que los requerimientos son demasiado onerosos y que violan la ley federal al perjudicar desproporcionadamente a los niños de familias inmigrantes.
