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Alejandra, de 60 años, se jubiló del sistema de educación pública de Venezuela hace más de 12 años. Pero un decreto del gobierno del presidente Nicolás Maduro, para paliar la escasez de docentes en el país, la está invitando ahora a volver a enseñar. Ella, como otros tantos profesores, se niega.
“¿Cómo vamos a ir a trabajar? ¿Para que nos paguen cinco dólares mensuales? (...) Me parece hasta un insulto; yo puedo tener amor a mi profesión, yo la amo, y en el lugar donde yo vivo hay necesidad de profesores en todas las áreas, pero ¿cómo vamos a trabajar así?”
Alejandra no es su nombre real, pidió cambiarlo para resguardar su identidad por temor a represalias, considera que puede ser tildada de “terrorista” por opinar contrario al gobierno.
De espalda a la cámara, conversa con la Voz de América desde su modesta casa en una zona montañosa y pobre de las afueras de Caracas, a días de la resolución del gobierno.
La educación pública en Venezuela lleva años en emergencia, debido a los bajos salarios y las condiciones laborales, que obligaron a miles de profesionales a desertar.
Millones de niños y adolescentes de las instituciones públicas reciben hoy clases a medias o en horarios reducidos.
El pasado 8 de octubre, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, firmó una resolución para permitir que los maestros jubilados retornen a los colegios si así lo deseaban.
Rodríguez reconoció “algunas dificultades” para enseñar en áreas como matemáticas, química y física, y sostuvo que es necesario “lograr” que los jóvenes “tengan todos sus profesores, todo su horario completo”.